Los tres poderes del Estado están movidos. Es decir, tienen problemas. El Poder legislativo opera en la inhabilitación presidencial y ahora en la cuestión de confianza. El Poder ejecutivo, con proyectos de ley que no se aprueban para la reactivación de la economía. Poder judicial en relación al proceso de ratificación de jueces en una nueva situación la raíz de la inhibición de una consejera de la Junta Nacional de Justicia.
Pero vayamos por partes. Lo que se ve son movimientos contradictorios en el Congreso.
De un lado, la congresista Paredes solicita la comisión de Constitución y reglamento del parlamento la prioridad de los proyectos de ley 1918 y 1897 referidos al adelanto de elecciones generales. Lo que se busca es el recorte del mandato presidencial y legislativo a 2 años para justificar la salida del mandatario.
De otro lado, con otra nota musical en el pentagrama político, la oposición sigue buscando votos para la inhabilitación del mandatario, que no los tiene completos. El congresista Bazán apura la exposición de su expediente contra el presidente por presunta traición a la patria (325 código penal y artículos 32,54, 110 y 118 de la Constitución).
Son movimientos hasta cierto punto incoherentes. Unos van en una dirección y otros van en otra. No hay un orden lógico, a no ser que sea estrategia, cosa poco probable.
En medio de todo esto el Poder Ejecutivo saca debajo del sombrero un recurso del Primer ministro Aníbal Torres planteando una cuestión de confianza al Congreso para derogar la ley 31355 que en opinion del Ejecutivo le recorta poderes, es decir límites a la cuestión de confianza. El Ejecutivo fundamenta que la cuestión de confianza es un contrapeso al mecanismo de la censura ministerial que tiene Legislativo. Todo esto afecta el equilibrio de poderes.
Pese al tiempo transcurrido, iniciativa presentada el 8 de abril último, no avanza su trámite. Torres presiona ahora al Congreso citando el artículo 5 dela Constitución para justificar la prioridad de su pedido, que incluye la exoneración del trámite de comisiones. También se basa en los artículos 132 y 133 de la ley 31355 en la que una cuestión de confianza se puede hacer en materias relacionadas a la política general del gobierno.
Con esta presión que hace El Ejecutivo al Congreso, la congresista Patricia Chirinos retoma el caso de la periodista sol Carreño calificando de misóginas de las declaraciones del Primer ministro Torres, acto contra el cual no ha habido solidaridad de Boluarte, Chávez , Portalatino Herrera y Dávila porque no se han pronunciado. Chirinos quiere que la presidenta de la comisión de la mujer Lucila Vázquez del bloque magisterial cite al premiar al Congreso.
En medio de este fuego cruzado entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo está la suspensión de la junta Nacional de Justicia del informe oral en el proceso disciplinario seguido a la presidente del Poder Judicial Elvia Barrios Alvarado. Esto ocurre debido a la inhibición de la consejera Imelda Tumialán para seguir participando en la evaluación.
Todo esto ha obligado a la Junta a suspender el procedimiento de ratificación de jueces, entre las que se incluye a Barrios y Arévalo Vela.
Este incidente dio pie para que la presidenta del PJ hiciera la advertencia a la Junta en el sentido de que todo esto podría ocasionar la nulidad del procedimiento, lo cual afecta el debido proceso y el derecho de defensa.
Aunque algunos dicen que forma parte de la chismógrafia política, tiene relevancia la solicitud que hace la congresista Olivos a Contraloría a fin de que ésta revise la sospechosa designación del abogado de la madre de Cerrón, nombramiento como nuevo secretario general del Minsa.
Dentro de este entrampamiento entre poderes el Ministerio de economía y finanzas busca la viabilidad de su plan impulso Perú con 48 medidas para reactivar la inversión privada y pública que empuja el crecimiento tras años de pandemia.
Hay proyectos de ley que todavía no se aprueban y que tienen prioridad, pero este entrampamiento entre poderes no lo permite.
