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sábado, 31 de julio de 2010

La foto del momento económico y político

¿CÓMO ESTAN LAS COSAS EN EL PERU Y LO QUE SE VIENE? (parte II)
JESUS JIMENEZ LABAN

Como ha querido el Presidente Alan García que el suelo esté parejo, por lo menos hasta después de Fiestas Patrias, se aguarda con expectativa los cambios ministeriales.   Del mismo modo, algunas medidas complementarias que tienen que ver con la corrupción y la seguridad.   

Aunque ya se vislumbra quiénes dejarán el cargo para iniciar su campaña rumbo a la más alta magistratura del país o hacia una curul en el Congreso, la política puede traer sorpresas.   De cualquier forma, se espera resultados de la justicia y una acción decidida en la transparencia de la gestión pública.  

Decíamos también que lo que se prepara es que los policías dejen las actividades burocráticas para poner más acción concertada en la ciudad en procura de una mejora en la calidad de los servicios de seguridad pensando en el bien común, en la seguridad ciudadana.   El vecino -que diariamente sufre asaltos, secuestros, extorsiones- soporta la desincronización entre policías, alcaldes y líderes vecinales,  el déficit de efectivos policiales y un congelado sistema de inteligencia que se entera de los hechos después de ocurridos los delitos en perjuicio de las víctimas, especialmente mujeres y niños.

Bajo la hipótesis de conflictos fronterizos muy lejanos con nuestros vecinos –especialmente Ecuador y Chile-, se esperaría una reorientación de la política de las Fuerzas Armadas.   En tanto, ha causado revuelo el anuncio de aumento a militar y policías en cinco tramos y ha reactualizado las deliberaciones sobre los recursos del canon minero.   La reacción a este anuncio no va por el tema de hacer justicia a uniformados que velan por la defensa y seguridad y del país sino por la forma como esto podría hacerse posible.  

En una escala de sueldos –donde la brecha es enorme entre un comandante y un coronel y se mantiene la cédula viva- el gran reto es alcanzar una sincronización entre sueldos, pensiones y recursos, habida cuenta que la Caja de pensiones policial militar arrojaría un déficit anual de 300 millones de nuevos soles, según fuentes familiarizadas con la situación.  Sea como fuere, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evaluaría el impacto de la cédula viva en esta propuesta dentro del sistema pensionario de los uniformados.

Por eso, crece el número de analistas que convergen en la mismas preguntas:  ¿Es este un signo de populismo? ¿por qué ahora cuando el gobierno está en transición a la entrega del mando el próximo año?  Sea como fuere,  no sería un aumente enorme -120%-, como se especula.  La incógnita se despejará en Agosto cuando el Ejecutivo presente la cifras del Presupuesto Público 2011 que el Congreso deberá aprobar en Noviembre de este año, de manera que la ejecución del primer reajuste sería el próximo año que coincide con la campaña electoral.

No menos importante es la descentralización como proceso fundamental para asegurar una más eficiente repartición de los recursos públicos entre Lima y provincias.   Sin embargo, observadores políticos detectan grietas en el proceso, que se impulsa de arriba hacia abajo –cuando debería ser al revés-, lentitud en la ejecución de obras con recursos del canon minero y urgencia de una reforma fiscal.

De otro lado, en el tema del gas, la posición –sustentando en un criterio técnico de precios internacionales- es no dejar que las regalías para la exportación de gas sean mayores que las que recibe el mercado interno.   Como la realidad ha cambiado por la variación del precio internacional del gas, se busca hacer una adecuación en el contrato suscrito entre el Estado y el Consorcio de Camisea.

El gobierno busca dentro de la norma renegociar el contrato energético con el consentimiento de ambas partes pues hacerlo de otra manera –en forma unilateral- está prohibido por la constitución y la ley.

Sin embargo, no deja de ser un tema de cuidado por la agitación de huelguistas y de activistas.

Por último –no por ello menos importante- parece que avanzan las observaciones presentadas por el Ejecutivo a la Ley de Consulta Previa a las Comunidades Nativas que implementa la decisión 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  Según fuentes oficiales la Comisión de Constitución del Congreso de la República, teniendo en cuenta un dictamen del Tribunal Constitucional,  se habría allanado a las enmiendas del Ejecutivo dejando claro que existe el derecho a la consulta a los nativos pero no tienen derecho de veto sobre cualquier decisión del gobierno porque el Convenio 169 no lo contempla.

La foto del momento económico y político

¿CÓMO ESTAN LAS COSAS EN EL PERU Y LO QUE SE VIENE?
JESUS JIMENEZ LABAN

Tratando de dar una cierta estabilidad política a los momentos previos al mensaje por Fiestas Patrias, para evitar sobresaltos, el Presidente Alan García prefirió no hacer anuncios de cambios ministeriales.   Sin embargo, las cosas en el gabinete no están del todo claras, por lo menos en lo que se refiere a quiénes se quedan y quiénes se van en las próximas semanas.

Parece un hecho  que en los días que vienen, el gobierno nombrará al primer ministro de cultura, para cuyo cargo se han barajado varios nombres, entre ellos Víctor Delfín, Elvira de la Puente, Mario Vargas Llosa y Martha Hildebrandt. Aun cuando en la Casa del Pueblo se debate intensamente la representación partidaria en las elecciones presidenciales de 2011 –con  Jorge del Castillo, Nidia Vílchez y Carlos Roca- como candidatos potenciales a la presidencia de la República, no está descartada como posibilidad la candidatura de Javier Velasquez Quesquén, actual Presidente del Consejo de Ministros que definiría su situación en Octubre próximo.   

Siendo así, durante todo Agosto parece un hecho la renuncia de ministros a fin de poder candidatear a cargos públicos que requieren de elección por voto popular.   Una renuncia anunciada es la del ministro de salud (Oscar Ugarte), en tanto que las otras están en compás de espera.   Se habla de la candidatura presidencial de la ministra de Economía Mercedes Araoz por un movimiento independiente.

Si bien para algunos los temas de la corrupción y de seguridad  fueron tocados de manera tangencial, muchos creen que el mensaje presidencial no aportó soluciones en estos campos, esperando por ello anuncios importantes que atiendan estas urgencias que plantea el país entero en el momento actual.

Como lo reconoció el propio congresista Velásquez Quesquén –en una sintonizada entrevista radial (31/07/2010) con valorados y respetados panelistas- los casos más “emblemáticos” de corrupción–Petroaudios y Cofopri -  avanzan de manera muy lenta en el Poder Judicial, en cuyas instancias –según el propio ministro- ha habido incluso caso de procesados liberados por lavado de activos.   De manera rápida, el Presidente de ese poder, Javier Villa Stein espera que el caso Petroaudios sea resuelto antes de que Presidente García deje el poder.

Al mismo tiempo, los analistas plantean, de un lado, mayor actividad de procuradores, agentes de la Contraloría General de la República y fiscales.  De otro, evitar que los gobernadores realicen en provincias actividades de proselitismo en la próxima campaña presidencial, cosa que ha sido descartada por el principal titular del Gabinete Velasquez Quesquén.

Según la percepción de los ciudadanos reflejada en las encuestas, la inseguridad ciudadana y la corrupción enquistada todos los niveles de la administración pública –se deja a salvo a los funcionarios honestos, por supuesto- se han convertido en una tremenda costra que requiere transparencia probada, ética en la gestión pública,  reflejos, coordinación y logística.

Por otro lado, dada la urgencia de más presencia policial en las calles, se reorientará las funciones de la policía en su aparato administrativo, según la misma fuente oficial.  De este modo, dejarán de vigilar penales, administrar activos incautados a los delincuentes y de entregar constancias de supervivencia y de domicilio para hacer operativos callejeros conjuntos con las municipalidades, serenazgo y juntas vecinales, incluyendo una reorientación de recursos (por ejemplo, el 5% que se asigna para seguridad a las municipalidades).

Por último, la compañía y metalúrgica Doe Run, cuya actividad en la sierra central de La Oroya está considerada como el peor daño ambiental en la historia del Perú,  estaría con la licencia cancelada, tras el vencimiento de los plazos para el reinicio de las operaciones del Complejo (Ley 29410) y para  adecuarse a los estándares del Programa de Adecuación Medioambiental (PAMA).  Doe Run no habría podido acreditar que cuenta con el financiamiento del proyecto, la provisión de concentrados y acuerdos de pagos firmados con sus acreedores comerciales, los mismos que serían llamados por INDEOCPI para el inicio de un proceso concursal, es decir, decidir si liquidan la empresa o asumen su administración para cubrir las deudas. 

El gobierno –esta vez parece una decisión definitiva- no cederá con más plazos para cumplimiento de obligaciones ambientales y tributarias, contemplando también la reconversión laboral de 2500 trabajadores de la paralizada empresa (continuará en breve...)