jueves, 21 de julio de 2011

LIBERTAD PARA DECIR LA VERDAD FRENTE A LA CORRUPCION

EN LA MIRA INICIATIVA QUE DEBILITA LIBERTAD
Jesus Jiménez Labán

En un país como el Perú que se ha visto estremecido con sonados casos de corrupción protagonizados por altos funcionarios, la prensa ha sido hasta ahora aliada natural en los grandes destapes vinculados a dos gobiernos, sean los denominados "vladivideos" que trajeron abajo el regimen fuji-montesinista, sean los "petroaudios", negocios supuestamente vinculados al poder con inversiones petroleras o cualquier otro remezón mediático con repercusiones políticas que podría estar en camino.

Los hechos antes descritos nunca habrían sido denunciados de no haber estado de por medio la prensa, vía por la cual fluyeron los contenidos de interceptaciones telefónicas irregulares que dieron lugar a las denuncias.  Sin embargo, la inviolabilidad de las comunicaciones está garantizada en el inc. 10 art. 2 de nuestra Constitución y otras del mundo y en el ordenamiento penal vigente, salvo mandamiento mvotivado del juez con las garantías previstas en la ley. Aun cuando sigue el hilo constitucional, una iniciativa del Poder Judicial enviada el 5 de julio de 2011 al Congreso de la República plantea la modificación del Código Penal en su artículo 162 para penalizar a periodistas por difusión de interceptaciones telefónicas irregulares. 

Conocido el texto del proyecto un valorado y respetado diario editorializó que esto "otorga a un juez la facultad de calificar cuándo sí y cuando no una información originada en fuente irregular debe ser considerada de interés público". 

El problema es que siendo éste un proyecto del citado poder del Estado, no deja de crear en muchos periodistas preocupación  como extraña acción limitativa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión.  La interpretación que se le da es que, por razones desconocidas, es que pretende "sancionar al mensajero antes que al autor del mensaje".  Luis Eduardo Podestá, ex Presidente de la Federación de Periodistas del Perú dijo:  "Estamos en peligro de cárcel"  "El miedo es el peor editor de cualquier medio de comunicación". 

Sin embargo, todo esto es negado por voceros autorizados de la justicia peruana. En una reciente reunión con el Consejo de la Prensa Peruana CPP, el presidente de la Corte Suprema, doctor César San Martín se habría comprometido no insistir en la propuesta ante el Congreso del Perú.  Pero este compromiso no se ha hecho aún público. Es más, una publicación del diario Peru 21, el primero en dar a conocer esta iniciativa, destaca que el alto magistrado niega "oscuros intereses políticos detrás de su iniciativa o que ésta haya buscado tapar posibles videos o audios ilegales que comprometan al PJ.
Citando al ex presidente del Tribunal Constitucional, Javier Alva Orlandini, "existe legislación sobre audios ilegales que contiene la tipología adecuada para sancionar a quien difunde información que vulnere el derecho a la intimidad y honra de las personas en resguardo del secreto a las comunicaciones.  El caso es, pues,  jurídicamente relevante por cuanto la prensa es un poder que contribuye a la transparencia como base fundamental de una democracia, separación de poderes en una República, incluyendo el destape de nuevos casos de corrupción. 

Como se imaginará el lector, para los dirigentes de la prensa, la iniciativa impide en la práctica el libre ejercicio periodístico y empuja a la autocensura a los profesionales de las comunicaciones, a partir de una pretendida modificación del Código penal que se ha convertido en una tema de gran preocupación para la Federación de Periodistas del Peru (FPP), Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Instituto Prensa y Sociedad y Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),la clase política y observadores internacionales. 

La CPP ha dicho no apoya ninguna penalización para ejercicio del periodismo. 

Actos atentatorios contra la libertad de prensa se han visto con frecuencia y preocupación en la región.  Desde la restricción del papel a la prensa opositora -Clarin y La Razon- por el regimen Kirchner, la pretendida millonaria indemnizacion en caso Universo planteada por gobierno de Correa por supuesto delito de lesa humanidad hasta la salida del aire de Radio Caracas Televisión bajo el pretexto de caducidad de licencia de transmisión en señal abierta y la facultad discrecional de funcionarios del gobierno mexicano sobre las concesiones en medios de comunicación.  Todos son malos ejemplos.

Claro, la prensa puede acoger favorablemente mesas de diálogo -como se ha propuesto desde la judicatura- "para consensuar lineamientos sobre actuación de la prensa frente a interceptaciones que atentan contra la intimidad de las personas".  Por supuesto, nadie justifica periodismo amarillo al estilo de "News of the World" que después de la denuncia de escuchas ilegales hace tambalear el imperio mediático de Rupert Murdoch, todopoderoso de News Corporation por los presuntos vínculos de la empresa y el poder, de ser estos probados y acreditados.  Tampoco, nadie pretende reeditar el caso Julian Assange en "Wikileaks" que incluso comprometió la seguridad nacional en Estados Unidos. 

Se trata, más bien, de defender la libertad de los periodistas para decir la verdad con responsabilidad.  Es decir, la misma responsabilidad que tuvieron los periodistasBob Woodward y Carl Bernstein en Watergate, caso de espionaje político (micrófonos en el edificio de oficinas Watergate, de Washington, sede del Partido Demócrata en las elecciones de 1972) que motivó la dimisión del presidente republicano Ricard Nixon (1974) En el país del norte, a nadie se le habría ocurrido modificar la legislación penal de cara a futuras interceptaciones telefónicas en desmedro del ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

Como la iniciativa aun no ha sido convertida en ley ni aprobada por el Ejecutvo, una vez conocida la posición de no insistencia del autor, los gremios esperan que el presidente electo Ollanta Humala garantice ante el país que no dará luz verde a este tipo de proyectos en un momento en que comienza una nueva etapa en la fiscalización y control de la corrupción que corroe la democracia, agudiza la pobreza y detiene el desarrollo del país.