El Perú vive una situación convulsionada. Independientemente de cuál es el origen del conflicto interno, un sector de la población en movilización por renuncia de la presidenta Boluarte, el cierre del Congreso y adelanto de elecciones, ha sido aprovechados por manos terroristas (SL y MRTA), según fuentes de la policía especializada de Perú de la que hace eco la prensa extranjera. Se ha producido una escalada de violencia (comisarias incendiadas, toma de Camisea, destrucción fábricasm bloqueo de carreteras, deterioro de oficinas públicas, toma de pistas de aeropuertos) que trata de atemorizar a la población. En andahuaylas se les conmina a todos a salir a las calles para "evitar consecuencias", según reportes al tanto. Una caravana que supuestamente viene del sur amenaza con aproximarse a Lima sobre lo cual las fuerzas del orden están alerta. Paralelamente a esto, según se ve, se presenta mociones de censura por parte de congresistas vinculados a las izquierdas, el contrapunto de los que vacaron al presidente Castillo, contra el nuevo jefe de gabinete Angulo y ministro del interior Cervantes, en razón de ineficacia para sofocar la crisis y rendición de cuentas por los fallecidos como es de dominio público. La Constitución prevé el uso de la fuerza dentro de la legalidad para restablecer el orden y combatir la perturbación de la paz. Conocidas las muertes reportadas por Defensoría del Pueblo, la presidenta Boluarte ha ordenado que no se use armas letales ni las de goma. Por ello mismo sorprende, salvo mejor parecer de los diplomáticos extranjeros, que en un comunicado conjunto Colombia, Bolivia, México y Argentina (se suma ahora Honduras) sigan reconociendo como presidente a Castillo y cuestionen el estado de derecho y un supuesto hostigamiento contra el presidente que tiene detención preliminar hasta mañana y se tramita prisión preventiva por lo que se prevé tensión este miércoles en la Diroes, lo cual debe prevenirse adecuadamente en defensa de la población. Lo que se preguntan académicos y ciudadanos de a pie es ¿cómo se producen estos hechos si el terrorismo fue derrotado por Fujimori? ¿Son los liberados lo que fomentan la violencia ahora cómo marcha el proceso de identificación? En todo caso las marchas que pueden tener una motivación de protesta ciudadana pacífica se visto infiltrada desencadenándose hechos violentos que deben tratar con inteligencia preventiva y con la Constitución y la ley en la mano porque la democracia también tiene instrumentos constitucionales para defenderse. Es evidente que los grupos enfrentados se van disputar la opinión pública. El aparato mediático pro democracia debe tener lineamiento muy claro sobre cómo actuar en defensa de la profundización de la democracia, los derechos fundamental y el respeto a las libertades, mientras se avanza en las refomas del Congreso para la convocatoria a elecciones anticipadas y se pone a raya todo lo que ha dado origen a esta descomposición.
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La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema desestimó la apelación por el levantamiento de la detención preliminar del ex presidente Pedro Castillo. Sin embargo, mañana se vence el tiempo de 7 días, pasado el mediodía. No se informa aun si existe algún trámite acerca de la posibilidad de la prisión preventiva. El magistrado César San Martin ha adelantado que,si existen elementos suficientes para su condena, la pena de prisión sería entre 5 y 10 años, sobre todo tratándose del delito de rebelión y alternativamente conspiración por una alta autoridad.
Defensoria corrige y afirma que es de seis muertos el saldo de manifestantes en el ex contexto de las protestas sociales que se viven en el país.
La manifestaciones públicas son legales siempre y cuando sean pacíficas. Son delitos cuando se atenta contra la propiedad pública y privada. Qué culpa tiene este hombre, un humilde taxista, a quien se le privó de su herramienta de trabajo para alimentar a sus hijos, incendiándole su vehículo.
Puede haber defectos en una institución o personas con inconducta, pero de ninguna generalizar y perder el respeto. Concretamente, como manda la Constitución, el policía previene, investiga y combate la delincuencia. En momento de perturbación de la paz y el orden, el policía es el aliado de la comunidad y debe ser apoyado por la gente. El policía está obligado a proteger a las personas, incluso con su vida, y a la comunidad. Su finalidad fundamental es garantizar, mantener y restablecer el orden interno que distinto al de las Fuerzas Armadas que constitucionalmente, salvo excepción, garantizan la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Respetemos a los policías, ellos son aliados de las personas en estos momentos dificiles y siempre.
