ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE
Ha pasado poco tiempo desde el 7 de diciembre 2022, fecha en que el presidente Pedro Castillo intentó dar un golpe al pretender disolver el Congreso, reformar la justicia y declara en estado de excepción el país y quitar las armas a todos los ciudadanos. Es poco el tiempo para medir la profundidad de la crisis política, pero es deducible que la situación podría agravarse en la medida que el Perú descuide el Estado de derecho, la convencionalidad, el debido proceso y la gobernabilidad misma.
Lo que se ve de manera clara, a pesar de los pocos días transcurridos desde el 7 de diciembre, es que los seguidores de Castillo tratan de voltear la tortilla.
Esto significa hacer aparecer al Congreso como golpista y empiezan a citar el artículo 84 del reglamento del Congreso que prevé la defensa del presidente o de un abogado defensor que lo defienda dentro de un plazo reglamentario para acudir al Congreso en caso de vacancia. Hacer aparecer al expresidente como un hombre atontado como resultado de supuesta ingesta de droga que supuestamente se lo puso fuera de sus facultades.
En el primer caso para deslegitimar el poder y en el segundo caso para construir una leguleyada con el cuento de que sigue siendo presidente aún con otra presidente en funciones, sucesora en la línea constitucional.
Es por esta razón que la oposición se atreve a decir ahora, bajo esos argumentos, el presidente debe ser puesto en libertad, a pesar de que ha vivido dos amparos declarados improcedentes por el poder judicial en el segundo y tercer juzgado constitucional respectivamente.
Pero lo más grave es que bajo el amañado argumento del golpismo congresal contra el presidente se ha encontrado el pretexto para movilizar a sectores populares en la convocatoria a una Asamblea Constituyente o en el retorno de la Constitución de 1979 en reemplazo de la vigente de 1993 que es precisamente el paraguas y fundamento de la venida de inversión extranjera, calificación crediticia para los créditos internacionales y la estabilidad jurídica misma del Perú.
El otro lado tiene que ver con la oposición al poder, independientemente de Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo que han probado la misma medicina. En todos los casos es el mismo pentagrama, tratar de gobernar sin haber recibido el voto para ello o de imponer planes, iniciativas y propuestas. Lo que vino en la práctica es una guerra por captar licitaciones, entrar a proyectos, concesiones y otras granjerías.
Esto ha sido lo que ha dado lugar a la crisis política interna por un enfrentamiento incesante entre izquierdas, dominadas por lo que se denomina la «Caviarada», y derechas, aludiendo a los que los enemigos dicen «derecha bruta achorada».
Muchos hechos se han producido que han terminado en cuestionamiento de la conducta de los poderes electorales. Pero con ninguno de los gobiernos ha avanzado una verdadera reforma política que garantice el voto ciudadano o que éste sea realmente el reflejo de la voluntad popular. En las últimas elecciones presidenciales con Castillo, se puso en duda su legitimidad, un largo proceso de demandas de apelaciones.
El asunto central aquí es que el juego democrático, con la participación de partidos políticos, el funcionamiento de instituciones de pesos y contrapesos y la política al servicio del bien común y no en defensa de intereses particulares, se ha visto interrumpido desde hace décadas, pero ahora ha cobrado su más triste y pálida expresión. Triste y pálida porque de espaldas a la voluntad popular las instituciones funcionan respecto de intereses y no del bien común.
Por estas consideraciones, es extremadamente importante que los operadores políticos más sensatos no dejen que se agrave la situación hasta el punto de perder los estribos. Como existe una estructura de «toma y daca», lo que hace un sector no le gusta al otro. Y lo que hace el otro no le gusta al que está abajo. Todo se ha convertido en una polarización eterna peligrosa. A eso hay que sumar la impunidad y la falta de rendición de cuentas que destroza al país.
Es dentro de este contexto que puede producirse otra crisis política, aún con un nuevo gabinete ministerial; el primero en la gestión constitucional de Boluarte, lo cual debe evitarse porque el Perú no es una isla es evaluado por las inversiones y las calificadoras internacionales en su riesgo país.
Cimo podrán evaluar al Perú a partir de la abstención por la OEA de abstenerse para debatir su informe final, el auto suicidio político del ex presidente, los movimientos de la presidenta y el Congreso supérstite, los 10 presidentes de la República desde la caída de Fujimori y las revueltas al interior del país con interrupción de carreteras que son el cordón umbilical del progreso industrial comercial y empresarial y de los alimentos de la población.
Al que llega al poder le gustan tres pies al gato. No tiene ni una semana la presidenta Dilma Boluarte, pero ya se escuchan voces que tomó la agenda globalista, o o que se alió con los poderosos para gobernar al lado del Congreso al que los seguidores de Castillo llaman golpista.
Más allá de analizar la veracidad o no de estas afirmaciones, está narrativa es peligrosa porque mina la gobernabilidad democrática y pone en peligro las instituciones. Las encuestas han medido la opinión pública respecto del Ejecutivo, Congreso, Ministerio Público Junta Nacional de Justicia y otros órganos autónomos y los resultados de la misma no son los más auspiciosos.
No solo periodistas extranjeros sino algunos periodistas y analistas locales, qué veían una solución tan luego cayó Castillo, se inclinan ahora por la convocatoria a elecciones generales a la brevedad posible, la marcha de este Congreso, para que el pueblo elija a su nuevo gobernante y a sus nuevas autoridades congresales. Pero en todo caso prudencia en el manejo de los estudios para evitar saldos fatales.
Sin embargo, ¿quién haría la reforma política o la reforma electoral que necesita el país para el próximo proceso electoral? Lo que se quiere que salga un emparrillado jurídico sin arreglos ni componendas. ¿Habrá desprendimiento ciudadano? Lo dudo pero es importantísimo por el bien de la República y de la sociedad entera que se convoque elecciones generales antes de que sea demasiado tarde.
ENVAINEN SUS ESPADAS TODOS
Aquí está lo esperado. Independientemente del personaje es lo que presionaba ayer la oposición. Que se forme cuanto antes el gabinete ministerial. Dina Boluarte, presidenta de la república, eligió tecnocráticamente con sus asesores a los nuevos ministros que integran el gabinete presidido por Pedro Angulo Arana, con recordación el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y Ilustre Colegio de Abogados de Lima y demás. Más allá de los comentarios que genere, que ya se están produciendo por todas partes, el hecho concreto es que existe gabinete, luego que la nueva mandataria explicar a que el mandato presidencial con que fue elegido el destituido ex presidente Pedro Castillo termina en el año 2026, pero admite adelanto de elecciones si ameritara la circunstancia. Es un gabinete casi paritario, 8 mujeres ministras de 17 ministros. Como de costumbre, aún cuando todas las carteras son importantes, siempre se le pone el ojo a los ministros claves. El ministro de economía Alex Contreras; el ministro del interior César Cervantes; la ministra de educación Patricia Correa; la ministra de relaciones exteriores Ana Cecilia Gervasi; el ministro de defensa Alberto Otárola y otros. En el radar político se tiene muy nítido el movimiento de cada uno de ellos o ellas. Los puestos ocupados, sus movimientos, con quienes estuvieron antes, con quienes quisieron estar y cómo están ahora. Habrá tinta y papel para el futuro, pero el foco no está ahora en el gabinete más allá del voto de confianza que requerirá, sino en el destino del Congreso del Perú. La calle está caliente y el Congreso todavía mareado de poder. Caliente por las manifestaciones, el bloqueo de carreteras y demandas a lo mejor incumplibles cómo la puesta en libertad del expresidente mientras está en proceso, el cierre del Congreso si es que no reflexiona y se adelanta a la convocatoria de lecciones en el más breve plazo y la convocatoria a la Asamblea Constituyente que puede ser un derecho legítimo de la población es un tema altamente ideologizado que puede traer atraso y retraso en las invasiones y en el desarrollo económico. Como se decía, mareado de poder, porque algunos de bancadas mayoritarias empiezan a ver lo pendiente. La medida cautelar que tuvo en cierto modo sus afectos y la demanda competencial que aún no se resuelve es precisamente la habitación quedaría el Tribunal Constitucional sobre si la cuestión de confianza presentada por el ex ministro Aníbal Torres, que se ha declarado en la clandestinidad, debe ser interpretada como una negación fáctica, aunque para juristas eso está superado desde que se le dio la ley correspondiente. Pero es el Tribunal Constitucional es que debe resolver sobre el sí o el no, tal vez también como en otras veces cale la sustracción de la materia. Pero la defensa legal del ex presidente Castillo está apuntando a negar la legalidad de la vacancia a la luz de lo que indica el reglamento del Congreso y ha tejido una hipótesis controversial en el sentido el expresidente habría sido drogado antes de pronunciar su discurso, lo cual ha llamado a la hilaridad de muchos, pero ahí están los argumentos. En realidad lo que se quiere es la unión de todos los peruanos, con equilibrio de poderes, sana gobernabilidad y respeto al debido proceso dentro de un estado constitucional de derecho. Difícilmente podrán ponerse de acuerdo todos en todo, pero el punto menos resistente es el adelanto de elecciones. Es importante que los grupos en pugna envainen sus espadas todos. ¿Qué capacidad de maniobrabilidad tiene El Ejecutivo y el Congreso para ese cometido? Es imposible saberlo. La calle avanza. lo único que importa aquí es el respeto a la vida, la libertad, la propiedad y la seguridad de todos. El respeto a todas las libertades.
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