¿CÓMO ESTAN LAS COSAS EN EL PERU Y LO QUE SE VIENE? (parte II)
JESUS JIMENEZ LABAN
Como ha querido el Presidente Alan García que el suelo esté parejo, por lo menos hasta después de Fiestas Patrias, se aguarda con expectativa los cambios ministeriales. Del mismo modo, algunas medidas complementarias que tienen que ver con la corrupción y la seguridad.
Aunque ya se vislumbra quiénes dejarán el cargo para iniciar su campaña rumbo a la más alta magistratura del país o hacia una curul en el Congreso, la política puede traer sorpresas. De cualquier forma, se espera resultados de la justicia y una acción decidida en la transparencia de la gestión pública.
Decíamos también que lo que se prepara es que los policías dejen las actividades burocráticas para poner más acción concertada en la ciudad en procura de una mejora en la calidad de los servicios de seguridad pensando en el bien común, en la seguridad ciudadana. El vecino -que diariamente sufre asaltos, secuestros, extorsiones- soporta la desincronización entre policías, alcaldes y líderes vecinales, el déficit de efectivos policiales y un congelado sistema de inteligencia que se entera de los hechos después de ocurridos los delitos en perjuicio de las víctimas, especialmente mujeres y niños.
Bajo la hipótesis de conflictos fronterizos muy lejanos con nuestros vecinos –especialmente Ecuador y Chile-, se esperaría una reorientación de la política de las Fuerzas Armadas. En tanto, ha causado revuelo el anuncio de aumento a militar y policías en cinco tramos y ha reactualizado las deliberaciones sobre los recursos del canon minero. La reacción a este anuncio no va por el tema de hacer justicia a uniformados que velan por la defensa y seguridad y del país sino por la forma como esto podría hacerse posible.
En una escala de sueldos –donde la brecha es enorme entre un comandante y un coronel y se mantiene la cédula viva- el gran reto es alcanzar una sincronización entre sueldos, pensiones y recursos, habida cuenta que la Caja de pensiones policial militar arrojaría un déficit anual de 300 millones de nuevos soles, según fuentes familiarizadas con la situación. Sea como fuere, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evaluaría el impacto de la cédula viva en esta propuesta dentro del sistema pensionario de los uniformados.
Por eso, crece el número de analistas que convergen en la mismas preguntas: ¿Es este un signo de populismo? ¿por qué ahora cuando el gobierno está en transición a la entrega del mando el próximo año? Sea como fuere, no sería un aumente enorme -120%-, como se especula. La incógnita se despejará en Agosto cuando el Ejecutivo presente la cifras del Presupuesto Público 2011 que el Congreso deberá aprobar en Noviembre de este año, de manera que la ejecución del primer reajuste sería el próximo año que coincide con la campaña electoral.
No menos importante es la descentralización como proceso fundamental para asegurar una más eficiente repartición de los recursos públicos entre Lima y provincias. Sin embargo, observadores políticos detectan grietas en el proceso, que se impulsa de arriba hacia abajo –cuando debería ser al revés-, lentitud en la ejecución de obras con recursos del canon minero y urgencia de una reforma fiscal.
De otro lado, en el tema del gas, la posición –sustentando en un criterio técnico de precios internacionales- es no dejar que las regalías para la exportación de gas sean mayores que las que recibe el mercado interno. Como la realidad ha cambiado por la variación del precio internacional del gas, se busca hacer una adecuación en el contrato suscrito entre el Estado y el Consorcio de Camisea.
El gobierno busca dentro de la norma renegociar el contrato energético con el consentimiento de ambas partes pues hacerlo de otra manera –en forma unilateral- está prohibido por la constitución y la ley.
Sin embargo, no deja de ser un tema de cuidado por la agitación de huelguistas y de activistas.
Por último –no por ello menos importante- parece que avanzan las observaciones presentadas por el Ejecutivo a la Ley de Consulta Previa a las Comunidades Nativas que implementa la decisión 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según fuentes oficiales la Comisión de Constitución del Congreso de la República, teniendo en cuenta un dictamen del Tribunal Constitucional, se habría allanado a las enmiendas del Ejecutivo dejando claro que existe el derecho a la consulta a los nativos pero no tienen derecho de veto sobre cualquier decisión del gobierno porque el Convenio 169 no lo contempla.
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