¿CÓMO ESTAN LAS COSAS EN EL PERU Y LO QUE SE VIENE?
JESUS JIMENEZ LABAN
Tratando de dar una cierta estabilidad política a los momentos previos al mensaje por Fiestas Patrias, para evitar sobresaltos, el Presidente Alan García prefirió no hacer anuncios de cambios ministeriales. Sin embargo, las cosas en el gabinete no están del todo claras, por lo menos en lo que se refiere a quiénes se quedan y quiénes se van en las próximas semanas.
Parece un hecho que en los días que vienen, el gobierno nombrará al primer ministro de cultura, para cuyo cargo se han barajado varios nombres, entre ellos Víctor Delfín, Elvira de la Puente, Mario Vargas Llosa y Martha Hildebrandt. Aun cuando en la Casa del Pueblo se debate intensamente la representación partidaria en las elecciones presidenciales de 2011 –con Jorge del Castillo, Nidia Vílchez y Carlos Roca- como candidatos potenciales a la presidencia de la República, no está descartada como posibilidad la candidatura de Javier Velasquez Quesquén, actual Presidente del Consejo de Ministros que definiría su situación en Octubre próximo.
Siendo así, durante todo Agosto parece un hecho la renuncia de ministros a fin de poder candidatear a cargos públicos que requieren de elección por voto popular. Una renuncia anunciada es la del ministro de salud (Oscar Ugarte), en tanto que las otras están en compás de espera. Se habla de la candidatura presidencial de la ministra de Economía Mercedes Araoz por un movimiento independiente.
Si bien para algunos los temas de la corrupción y de seguridad fueron tocados de manera tangencial, muchos creen que el mensaje presidencial no aportó soluciones en estos campos, esperando por ello anuncios importantes que atiendan estas urgencias que plantea el país entero en el momento actual.
Como lo reconoció el propio congresista Velásquez Quesquén –en una sintonizada entrevista radial (31/07/2010) con valorados y respetados panelistas- los casos más “emblemáticos” de corrupción–Petroaudios y Cofopri - avanzan de manera muy lenta en el Poder Judicial, en cuyas instancias –según el propio ministro- ha habido incluso caso de procesados liberados por lavado de activos. De manera rápida, el Presidente de ese poder, Javier Villa Stein espera que el caso Petroaudios sea resuelto antes de que Presidente García deje el poder.
Al mismo tiempo, los analistas plantean, de un lado, mayor actividad de procuradores, agentes de la Contraloría General de la República y fiscales. De otro, evitar que los gobernadores realicen en provincias actividades de proselitismo en la próxima campaña presidencial, cosa que ha sido descartada por el principal titular del Gabinete Velasquez Quesquén.
Según la percepción de los ciudadanos reflejada en las encuestas, la inseguridad ciudadana y la corrupción enquistada todos los niveles de la administración pública –se deja a salvo a los funcionarios honestos, por supuesto- se han convertido en una tremenda costra que requiere transparencia probada, ética en la gestión pública, reflejos, coordinación y logística.
Por otro lado, dada la urgencia de más presencia policial en las calles, se reorientará las funciones de la policía en su aparato administrativo, según la misma fuente oficial. De este modo, dejarán de vigilar penales, administrar activos incautados a los delincuentes y de entregar constancias de supervivencia y de domicilio para hacer operativos callejeros conjuntos con las municipalidades, serenazgo y juntas vecinales, incluyendo una reorientación de recursos (por ejemplo, el 5% que se asigna para seguridad a las municipalidades).
Por último, la compañía y metalúrgica Doe Run, cuya actividad en la sierra central de La Oroya está considerada como el peor daño ambiental en la historia del Perú, estaría con la licencia cancelada, tras el vencimiento de los plazos para el reinicio de las operaciones del Complejo (Ley 29410) y para adecuarse a los estándares del Programa de Adecuación Medioambiental (PAMA). Doe Run no habría podido acreditar que cuenta con el financiamiento del proyecto, la provisión de concentrados y acuerdos de pagos firmados con sus acreedores comerciales, los mismos que serían llamados por INDEOCPI para el inicio de un proceso concursal, es decir, decidir si liquidan la empresa o asumen su administración para cubrir las deudas.
El gobierno –esta vez parece una decisión definitiva- no cederá con más plazos para cumplimiento de obligaciones ambientales y tributarias, contemplando también la reconversión laboral de 2500 trabajadores de la paralizada empresa (continuará en breve...)
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