Tema migratorio es competencia federal

DESPUES DE RESOLUCION BOLTON, SI SE PUEDE PELEAR UNA SOLUCION JUSTA

JESUS JIMENEZ LABAN

Cuando faltan pocas horas para la puesta en vigencia de la controversial SB1070, más conocida como Ley Arizona, que criminaliza el hecho de ser indocumentado, la juez federal Susan R.  Bolton del distrito de Arizona dejó sin efecto parte de la norma, especialmente la que lesiona los derechos de los inmigrantes sin papeles.

Por supuesto, la decisión de la magistrada Bolton no ha caído nada bien a la gobernadora de Arizona Jan Brewer, quien está interponiendo una “apelación expedita” para solicitar se levante la orden de suspensión temporal que impide aplicar partes claves de la ley en mención.   La solicitud de la gobernadora –que se tramita en la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Distrito, con sede en San Francisco, California, es para que las partes suspendidas entren en vigor hasta que la autoridad superior decida en definitiva sobre los méritos de la ley.

La resolución judicial de la juez Bolton, tal como ha sido dispuesta,  alivia a mucha gente que no podía dormir por la preocupación de ser deportada en cualquier momento.  Contagiados por el entusiasmo, hay quienes han dejado de hacer maletas tras tomar la decisión de migrar de Arizona a otro Estado o salir de Estados Unidos.

La misma bondad de la decisión judicial devuelve la tranquilidad porque si bien este es un primer paso, todo indica que el proceso terminará declarando anticonstitucional la controversial ley SB1070.   Queda claro que lo que viene es un proceso para decidir la viabilidad de la acción de amparo que acaba de presentarse, mientras la justicia estudia el texto de la norma en la búsqueda de una decisión final.

Siendo así, resulta claro el hecho de Brewer de apelar a una instancia superior para que revise la decisión de una primera instancia.   Una vez agotado el trámite judicial quedan solo dos salidas.  Una que haría recuperar todo el vigor de la ley tal como ha sido diseñada por la jurisdicción de Brewer, cosa muy remota.  La otra que ratificaría la decisión judicial de la instancia inferior en el distrito de Arizona, dando razón a la jueza Bolton hasta que la autoridad declare anticonstitucional  la medida.

Cabe aclarar que éste es un tema que tiene que ver con la Constitución Política de Estados Unidos de América.   A los ojos de respetados juristas, la polémica ley viola la Constitución ya que el tema migratorio es competencia de las autoridades federales, de manera que la jueza Bolton ha sido muy cuidadosa en señalar este principio constitucional cuando ha redactado en las partes considerativa, expositiva y resolutiva su dictamen. "Hay una sustancial posibilidad de que los oficiales arresten erróneamente a extranjeros residentes legales bajo la nueva ley", explica Bolton en su escrito de 36 páginas.  “La corte encontró que Estados Unidos podría sufrir daño irreparable si la corte no ordena la suspensión preliminar de estas secciones”, sustenta en su resolución, según fuentes familiarizadas con la situación.

Ahora bien, para los inmigrantes  es una bendición que un debate constitucional los esté amparando sobre lo que debería hacerse eco ahora y en las próximas elecciones legislativas.  Por lo demás, el rechazo a la SB1070 no sólo parte de las organizaciones civiles dentro de Estados Unidos sino de un grupo importante de países que se sumaron a la moción de “Amigo de la Corte” presentada por México, entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú.

Está también detrás de la no aplicación de la SB1070 el mismo gobierno del Presidente Barack Obama, una coraza tremendamente sicológica para el debate político y el estudio jurídico de la norma, aunque muchos lo quieran negar.  Prueba de ello es que el Ejecutivo tan luego supo de la decisión de la jueza Susan R.  Bolton, por medio del portavoz del Departamento de Justicia norteamericano Hannah August hizo conocer que "consideramos que la corte se pronunció correctamente cuando evitó que apartados clave de la SB1070 entraran en efecto".

Ahora, tal como ha quedado la SB1070 –a la que se la quitado en la práctica toda su fuerza- los inmigrantes no deben temer sino confiar en la justicia, pues las autoridades estatales no podrán criminalizar el trabajo indocumentado.   Como se sabe, la SB70 en su redacción original ponía al margen de la ley a los inmigrantes indocumentados que solicitan empleos en espacios públicos.  Tal es el caso de albañiles y jardineros en estacionamiento de tiendas.

Si algo pasara, vale decir, si sus derechos fueran lesionados en contra de la ley americana, las autoridades de cada país recomiendan tener a la mano el número telefónico, los nombres claves en el Consulado, de los servicios de protección consular que han sido previamente alertados por su gobierno.

Si bien la SB 1070 seguirá en vigor más allá del 29 de Julio de 2010, fecha límite para su puesta en marcha, la decisión judicial que está encima de la norma impide que un policía local o federal detenga a un individuo sin orden de arresto bajo sospecha de ser indocumentado o investigue a un extranjero sobre su condición migratoria a partir de una sospecha razonable o le exija portar documentación que lo que identifique como inmigrante.

Todos los otros apartados de la ley siguen vigentes pero ninguno lesiona al inmigrante.  Es decir, los artículos que han quedado en suspenso no les hacen la vida imposible a las personas.   Lo que les quitaba el sueño ha desaparecido por decisión de la magistrada. 

Se espera ahora pasar de lo temporal a lo permanente.   Después de la decisión Bolton lo que viene es un juicio por inconstitucionalidad.  Asuntos como el de Arizona hubieran podido evitarse de existir una reforma de las leyes migratorias.  Evitar que se ventilen causas en los tribunales depende más del Congreso que del Ejecutivo.   Dios bendiga al inmigrante.