Prudencia, moderación, sensatez.
La cuestión va a dividir a constitucionalistas y a la luz de los hechos solo caben dos posibilidades. O lo inhabilitan con los votos del Pleno previo trámite en la Comisión Permanente o la administración del presidente Pedro Castillo continúa adelante.
El punto de discusión es éste sin que ello quite la obsesión percibida por inhabilitar, vacar o suspender a como dé lugar al mandatario por parte de una oposición que viene de una sucesión de intentos fallidos, aún cuando es legítimo que la mentada oposición tenga derecho a ejercer el control político.
Aún así cabría una segunda pregunta ¿Se compromete la seguridad de la nación como una declaración sobre un hecho que se dijo en 2018 antes de la asunción al poder y que se repitió en la declaración por boca del mismo presidente para la cadena internacional?
Los fundamentos preliminares tiene que ver con lo que señala la Constitución, el código penal peruano y jurisprudencia internacional partir Giscard d'Estaing y el caso Burkina Faso con Niger, que se analizarán en su oportunidad.
El hecho concreto, al que el presidente llama intentona golpista, es que El Ejecutivo ha pedido la activación de la Carta Democrática Interamericana, razón por la cual viene una misión de la OEA el 20 de este mes de noviembre 2022.
El tema aquí es que tanto derecho tiene el Congreso para investigar y luego correr traslado sobre lo que decida y vote a la Corte Suprema como el presidente para ejercer el derecho de su defensa.
El tema aquí es que no se piensa en el destino de la Nación. Más allá de los argumentos constitucionales que prosperen o no, está la prudencia y la serenidad para definir los destinos del Perú.
Veamos por partes y no por retazos esta situación. Primero veamos qué mensaje se le está dando al mundo financiero la sola visita de una misión de la OEA en la que la democracia está en entredicho. El país está en un paréntesis constitucional y democrático.
Si se llegara a producir la inhabilitación, con mayoría simple en el Pleno con los que estén y los que falten, lo que vendría es la función de la vicepresidenta Boluarte, pero como ésta tiene un procedimiento abierto sería probable que tenga el mismo destino que su predecesor.
Entonces viene una tercera gran pregunta, ¿quiénes asumirían el poder? Serían los que tienen mayoría en el Congreso de la República que paradójicamente son los que perdieron en las últimas elecciones presidenciales.
Si bien es cierto se dice se debe convocar a elecciones, no indica el plazo. En la práctica sería la caída del ejecutivo ejercido por un gobernante elegido por voto popular y la solución temporal o no del titular o la titular del parlamento la que conduzca los destinos el país.
Pero para decepción de los inversionistas se tendría que reparar en la existencia de dos grupos en oposición que continuarían en las calles a partir de las marchas que no anuncian nada bueno y en la sucesión de crisis constitucionales que vendrían por delante.
En suma, se volvería a la misma crisis de Pedro Pablo Kuczynski con las mismas réplicas de sus sucesores uniendo al Perú en una ingobernabilidad sin control deteriorando la institucionalidad constitucional y democrática y y al mismo tiempo el país entero caería en un largo paréntesis democrático a los ojos de los inversionistas o de la inversión extranjera y local qué son reconocidas por la Constitución en un mismo pie de igualdad.
El Perú no es una isla. Es evaluado con nota por las clasificadoras de riesgo, teniendo en el ruido político su lado débil. Si se deteriora su grado de inversión, los créditos internacionales se cerrarían, aumentaría el costo del dinero y las posibilidades empresariales serían más difícil que son las que precisamente generan empleo y desarrollo.
Lo que se pretende hacer aquí es aparentemente forzar la subsunción de los hechos en un tipo constitucional que merece ser profundamente analizado. En lugar de ello cabría proponer una reforma constitucional del artículo 117 de la Carta Magna para incluir otros supuestos como corrupción de funcionarios públicos, incluyendo las más altas magistraturas, y organización criminal que permitan en el futuro porque no se puede con retroactividad, aplicando la Constitución de manera taxativa bajo el principio de legalidad.
La política es el arte de lo posible, sí claro, pero la economía se mueve con inversiones que generan empleo, inversiones que generan desarrollo y lo que hace crecer a un país es que las ganancias de capital de las empresas se reinvierten para que se repita el círculo virtuoso.
Nada de eso ocurriría y el país entero sería arrastrado a una vorágine insospechada. Esto ha sido escrito no para salir a favor de un bando u otro sino para hacer un llamado a la cordura.
Prudencia, moderación, sensatez.
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