El mapa de la agitación social está claramente definido. Hay focos de conflicto en varias regiones del país, pero el epicentro empezó en Apurímac, la tierra de la mandataria peruana. Lo que piden ahí son tres cosas la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones ya. Si bien es cierto está probado que lo que vive provincias es distinto a lo que se siente y respira en Lima, estos pedidos tiene consecuencias serias sin que ello signifique que no pueden ser atendidas pero dentro de la razón y de la cordura.
Veamos y ensayemos, aunque el Perú no está para diagnósticos porque está sobre diagnosticado pero por algo se puede empezar.
Si renuncia la presidenta como quiere un sector enardecido de la población, que se complica con el conflicto interno con el partido que vio nacer a Dina y a Pedro, quedaría solo el presidente del Congreso que convocaría de inmediato a elecciones generales, pero eso sería solo un saludo a la bandera.
Queda claro que la renuncia de la presidenta solo nos conduce a otra situación. Convocar a elecciones sin una base legal qur asegure que no se repita el desmadre político de los últimos años
En otro aspecto el Congreso, si se presentara la circunstancia, podría convocar a una asamblea Constituyente, pero eso es una mala señal para el Perú porque se traería abajo las inversiones extranjeras y las pugnas ideológicas entre derechas e izquierdas harían el resto. Se paralizaría aún más el país.
Hasta aquí podíamos ver cómo quedaría la cosa si renuncia la presidenta y en qué situación se quedaría el Congreso si ello se produjera. Pero la población también pide otra cosa el adelanto de elecciones.
Para ello el Congreso tiene que reformar la Constitución porque tal como está escrita no permite elecciones anticipadas. La puerta está cerrada y hay que romper la chapa con una modificatoria constitucional. Los politólogos y expertos electorales señalan que preparar un proceso electoral dura por lo menos 12 meses, pero tal cómo está el ánimo de la población solo aceptaría 6 meses, lo cual pone difícil las cosas. Hay plazos y formas que cumplir han salido a decir las autoridades electorales temiendo que esto ocurra.
El asunto puede mirarse de otra forma a partir de la iniciativa que ha presentado el Ejecutivo para que el Congreso la convierta en práctica a fin de que el adelanto de elecciones sea en 18 meses, es decir dentro de año y medio, lo cual muchos ponen en duda.
Pero esto es lo que está pidiendo un sector radicalizado de la población. La salida de la presidenta que vimos que no es tan fácil. El cierre del Congreso, qur se necesita para hacer cambios constitucionales y el adelanto de elecciones que requiere reformas para que no se repita el mismo desbarajuste en la elección de las nuevas autoridades a partir de las leyes existentes.
Lo que sí se ve es que las dos partes quieren llevar agua para sus molinos. Los sectores radicalizados miran con simpatía la asamblea Constituyente. Los sectores conservadores se inclinan por la modificatoria congresal. Así difícilmente se pueden poner de acuerdo.
Volviendo a la realidad, los hechos concretos ahora son los siguientes.
4 países de la alianza del Pacífico no reconocen a Dina Boluarte. Un sector radicalizado de las protestas ciudadanas pide la renuncia de la presidenta. Por anuncio del titular de defensa la presidenta no tiene planes de renuncia y tampoco va a sacar al ejército para reprimir los desórdenes, asunto que constitucionalmente está en manos de la policía. Puede ayudar pero no es su rol.
Pero por otro lado, se está trabajando el enjuiciamiento del ex presidente Pedro Castillo, a través de debates rápidos que podrían resentir el debido proceso si es que no se hace con cuidado en el legislativo. Se debe tener cuidado con lo que se está haciendo a nivel de Corte Interamericana Derechos Humanos.
La posición que se ponga en libertad al presidente para lo cual hay una apelación respecto de la detención preliminar pero hay una medida más fuerte que se está preparando que es la prisión preventiva. También que se le restituya en el cargo al ex presidente Castillo. Hay una moción promovida por las izquierdas al interior del Congreso para declarar nulo el acto que declara la vacancia del presidente, después del fallido intento de golpe de estado protagonizado por el exmandatario.
Lo que no se puede tolerar es el atentado contra los medios de comunicación. Destruir el aparato productivo y atentar contra la propiedad de los medios, es cortarle la vena yugular a la democracia.
Lo que no se puede aceptar tampoco es que el congreso en un momento desgraciado para el Perú se ponga a debatir actos intrascendentes en comparación con la magnitud de los otros hechos. Largas horas de debate para la suspensión de un atrevido congresista. Eso debe hacerse por conducto administrativo y punto.
En la noche última apareció otro congresista que se quejaba que lo había llamado idiota. El congreso no está para eso pues. Y otra congresista qué propició que esta situación se desborde pidiendo represión cuando la situación requiere moderación, aún cuando fuerzas radicales tuvieran otros planes, lo cual no significa mano blanda contra el terrorismo y el narcotráfico..
La situación está fea y muy enredada, pero es una buena señal la predisposición al diálogo entre el consejo de estado, el acuerdo nacional y los partidos políticos. Se requiere tal vez mañana política para revertir esta situación siempre que sea con buenas intenciones y pensando en los intereses del país. Hay licencias que a veces están permitidas.
Un aeropuerto en el sur del Perú, Arequipa, en llamas. No importa la magnitud. Sea como fuere es un hecho gravísimo, atentar contra la propiedad pública y privada. Eso no se puede permitir. Constitucionalmente, el restablecimiento del orden interno y la protección de la ciudadanía está a cargo de la policía. Sin embargo se incendian comisarías hay efectivos heridos como resultado de enfrentamientos con manifestantes que a todas luces tiene infiltrados a juzgar por la radicalidad de las acciones. Se han destruido instalaciones de la empresa Gloria con serios estragos para los ganaderos y para gente humilde que se gana la vida con un sueldo. Esto no se puede ser. Una crisis política por muy grave que sea no puede desencadenar en estos hechos. Son inaceptables y condenables desde el mismo momento que quita vidas lesiona personas y destruye propiedad pública y privada. De la misma manera que no se puede destruir el valor jurídico de la vida ni lesionar a las personas, en la misma medida se deben respetar las autoridades y las instituciones públicas y privadas. Condenable también la destrucción de instalaciones de la fiscalía. Lo del aeropuerto no tiene nombre. El apedreamiento o pedrea contra un bus con pasajeros en Lima tampoco. Romper vandalicamente la propiedad de los medios de comunicación sea en instalaciones físicas de infraestructura o de unidades móviles es una barbaridad. Hay 7 muertos y puede ir en aumento, de manera que es extremadamente importante que las partes se moderen. Si bien la protesta ciudadana es constitucional y legítima para las personas, también es cierto que no puede generarse violencia al amparo de este derecho constitucional. Las organizaciones sociales anuncian movilizaciones y ell Ejecutivo se dispone para la declaratoria de emergencia en las zonas de convulsión. Se debe apoyar el redoblado esfuerzo de las operaciones de inteligencia para detectar focos potenciales de conflicto y de toma de calles en plazas importantes de Lima y el bloqueo hacia puntos neurálgicos de las instituciones. El trabajo preventivo para evitar actos violentos puede funcionar para el restablecimiento del orden mientras se arregla el emparrillado jurídico para encontrar salidas a esta crisis política. Fuera de los infiltrados que causan violencia y destrozos, la otra parte parece ser una reacción espontánea de la población o de amplios sectores populares que han captado un mensaje cierto o equivocado, según el cristal con que se mire.
Para tener clara una situación, se aconseja conocer las dos partes. Al interior del país conocemos una versión, pero la otra está en el extranjero. Un comunicado de prensa conjunto, Argentina Bolivia Colombia y México, desconoce a la presidenta Dina Boluarte, pide protección judicial para el presidente Castillo y respeto a la voluntad popular contra lo que llamó hostigamiento. Para unos no tiene ni pies ni cabeza este comunicado. Para otros envalentona al destituido presidente Castillo en su posición de no haber renunciado a la presidencia. La otra realidad es que se le ha levantado el fuero para facilitar una eventual prisión preventiva y hay una denuncia en la subcomisión de acusaciones constitucionales en marcha. ¿Quién entiende este país y a sus operadores?
Babarie contra los medios. Nada justifica la violencia. Nada
