PERIODISTAS: HECHOS DOLOROSOS OCULTOS
JESUS JIMENEZ LABAN
Desde lo más profundo de nuestros corazones, asumamos el compromiso colegiado de velar por los periodistas ancianos, sin fuerzas y muertos en vida. No hay profesión más ingrata que el periodismo. Estos honorables y valientes hombres de prensa, otrora gloriosos con su pluma, firmes con el micrófono y acerados y sin temor en su crítica, han caído en el olvido después de darlo todo por la verdad, por el bien común y por un futuro mejor del prójimo en defensa de la libertad, la vida, la propiedad y la seguridad.
¡Honores para estos héroes modernos! ¡Para ellos es la justicia que el Colegio de Periodistas debe defender como causa noble y firme! ¡Para ellos es el derecho y la victoria final!
Como no ocurría desde hacía muchísimo tiempo el Ilustre Colegio de Abogados de Lima fue escenario del acto de juramentación de la Nueva Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Lima (CPL), cuya personería jurídica será inscrita por primera vez en los Registros Públicos. Se percibió en esta ceremonia unidad en el presente, fe en futuro y esperanza en el gremio.
No me cabe duda que en la complicada agenda de la nueva defensa gremial del Colegio figurarán la restitución de los derechos laborales de los periodistas y el reconocimiento de sus derechos pensionarios. No es posible que los colegas que trabajaron toda su vida en empresas formales –que hicieron o no aportes a Essalud y ONP- se encuentren ahora privados de atención de salud y de tener una vejez digna. Todo derecho se exige. Por tanto, hay que exigir, señores, al Congreso de la República hacer prevalecer estos derechos laborales y pensionarios sin más demoras ni aplazamientos.
Por eso, la nueva Junta Directiva del Colegio de Periodistas –en alianza estratégica con la Federación de Periodistas del Peru (FPP) y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) debe empezar a rugir no sólo en defensa de la verdad sino también en resguardo de los derechos fundamentales de los periodistas. Hay derechos que inexplicablemente han sido recortados y nadie dice nada.
Por eso es importante saber quién es quién en el padrón de periodistas de la Orden. Muy a mi pesar y con el respeto que me merecen todos los trabajos, ocupaciones, profesiones y oficios, queda pendiente verificar y comprobar lo que se ha dicho en campaña, es decir, que dentro de ese padrón hay torneros, ferreteros y panaderos. No critico la tremenda vocación que tienen estas personas por ser periodistas, pero dejando la ingenuidad habrá que preguntarse: ¿Por qué están ahí, qué hacen? ¿Qué los motiva estar bajo el paraguas del Colegio? ¿Qué hacen con un carnet de la Orden? ¿Qué atractivo tiene eso que otros no ven?
No estoy muy seguro si el remedio es la depuración porque se podría dar la oportunidad de profesionalizarse a las personas que legítimamente tiene vocación para la comunicación para el desarrollo, el nuevo nombre de las ciencias de la comunicación. Por cuanto, quiérase o no, es obligatorio tener título profesional para ser miembro del Colegio de Periodistas, según la ley. En sus inicios el Colegio de Periodistas valoró la experiencia de ocho años en reemplazo del título, incluso admitió como miembros a profesionales de otras carreras, pero eso se cerró ocho años después de creación de la Orden. Sin desconocer los derechos adquiridos de los actuales colegiados bajo los términos iniciales de la ley, es pues obligatorio para todos tener título profesional como ocurre normalmente en otros colegios profesionales.
Sin embargo, esto no significa que sea obligatorio ser colegiado para ejercer la profesión tanto en la actividad pública como la actividad privada. No se puede obligar a nadie a colegiarse. Este es un acto voluntario.
En el pasado, presumiblemente mal asesorada, una Junta Directiva del Colegio –no recuerdo cuál exactamente, pero está en sentencias constitucionales- planteo la pretensión ante los tribunales por la obligatoriedad de la colegiación. Dicha Directiva, en la práctica, pretendía algo que iba en contra de la propia ley que dio nacimiento al Colegio de Periodistas, cuyo articulado señala claramente que no existe la obligación de colegiarse, haciendo eco de la Constitución de 1979 que se reeditó en la Constitución de 1993.
El artículo 2, inciso 4 de la Constitución Política del Perú consagra que es un derecho universal el ejercicio de las “libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo responsabilidades de ley” Desde este punto de vista, como no puede ser de otra forma, cualquier ser humano puede hacer ejercicio de esa libertad, algo que no está reservado exclusivamente a personas que pertenecen a un Colegio.
Claro, la Constitución dice también en su artículo 20 que en materia de colegios profesionales la ley hace excepciones, de manera que no todas las colegiaciones son obligatorias como ocurre en la abogacía, la medicina o la arquitectura, pero no con el periodismo. “La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria”, dice. Por eso mismo, siguiendo el criterio de la Corte Constitucional de Colombia –en un visión jurídica comparada- esta posición podría dar a pie a cierta discrecionalidad para legislar o resolver por la obligatoriedad de la colegiación teniendo como argumento el riesgo social.
Para muchos, por ejemplo, resulta claro el riesgo social que existe en el ejercicio ilegal de la medicina porque se pone en peligro la vida del paciente o de la ingeniería o arquitectura que tiene que ver con cimientos, estructuras y equilibrios de las edificaciones. Del mismo modo, resulta entendible ese riesgo social en el ejercicio ilegal de la abogacía en un proceso penal en el que se juega la libertad o la vida de un justiciable. Pero, ¿qué riesgo social puede haber con el ejercicio del periodismo en su libertad de expresión, información, opinión y de prensa? Para muchos, ninguno. Pero otros creen que a más sentido ético, más especialización, más dominio de técnicas de investigación, menos riesgo social de incurrir en el vericidio: la muerte de la verdad.
En fin, son cuestiones doctrinarias difíciles de agotar en un papel, pero que tienen íntima relación con la situación actual del Colegio de Periodistas, sobre todo si tratamos de entender el qué, cómo y porqué de las cosas. No perdamos tiempo en discusiones alrededor de la colegiación obligatoria –porque no hay respaldo jurídico e institucional- por lo que vale recordar que se oponen a ella la Constitución, el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo en resolución defensorial expresa, incluyendo a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
Por consiguiente, centremos los esfuerzos en los derechos fundamentales de los periodistas y el fortalecimiento de su formación profesional, de sus capacidades, habilidades y destrezas para profundizar el periodismo de investigación y ejercer la profesión con libertad y responsabilidad. Así sea.
